“la Suprema Corte de Justicia tiene que escucharnos”
Historias de la resistencia

Edgar Belmont
Entrevista a María del Rocío Higuera
en huelga de hambre desde el 3 de mayo 2009
Zócalo de la Ciudad de México 20 años de antigüedad en el Departamento de Oficinistas varios.

Enterarse de la ocupación de las instalaciones de Luz y Fuerza Centro y del decreto de extinción de la empresa fue un momento traumático no sólo para la o el trabajador(a) electricista de los distintos departamentos operativos o administrativos; sino también, para el entorno familiar: un shock. Sin haber sido vencidos en lo contencioso, miles de mujeres y de hombres, la mayoría “cabeza de familia”, con la “obligación” de velar por el bienestar de sus hijos, de un día a otro, como nos señala María del Rocío (56 años, viuda, con un hijo de 16 años): “sin saber por qué, de la noche a la mañana”, se encontraban “a la mitad de la calle”; refiere María.

Con el decreto de extinción de LyFC están en juego, subraya nuestra entrevistada, el respeto a los derechos humanos, “tanto los de nuestros hijos, como los de nosotros”: [refiriéndose al Poder Ejecutivo, Lic. Felipe Calderón] “nos quitó el derecho a comer; nos quitó el derecho, a nuestro hijos, de estudiar; nos quito el derecho a la seguridad social”. El sentir que han sido despojados de sus derechos es algo que les cambio la vida, sin embargo, este sentir puede enmarcarse de diferentes formas. María del Roció piensa, sobre todo, en el “futuro” de su hijo, quien es, al mismo tiempo, una de la razones que la motiva y que le dan fuerzas para mantenerse en la lucha; se trata, sin embargo, no sólo de que él, su hijo, tenga un mejor futuro: “un buen México”, “distinto al que nos toco vivir”; sino también, un país más libre, “donde pueda decir lo que él quiere, […] lo que piensa”, “necesitamos gente que diga lo que no le parece, que diga esto no me gusta y voy a oponerme hasta el final”.

Así, en el relato de María del Rocío aparece la aspiración a un país democrático donde el derecho a ejercer el disentimiento o a ejercer la oposición no se traduzca en costos personales; un país donde existan instituciones solidas capaces de imponer limites a los “caprichos” de quienes Gobiernan.

En este sentido, María del Roció, ha perdido el respeto a la figura presidencial, pues aun cuando confiesa no haber votado por Felipe Calderón, la labor del presidente es, en su opinión, procurar el bienestar de todos mexicanos; desde su perspectiva, sin embargo, el actual Gobierno ha agraviado no sólo a los electricistas y a millones de mexicanos; sino también a la propia embestidura presidencial: “con la extinción de Luz y Fuerza del Centro condeno a la desaparición a varios pueblos electricistas; como voy, como puedo respetar a una persona con esas características, que en lugar de apoyar a su pueblo, lo destruye […] me enseño que la justicia no existe o parece no existir y para hacer la valer hay que luchar muy duro”.

Aun cuando la conclusión es que la sociedad mexicana se encuentra en resistencia permanente ya que el mexicano “aguanta, aguanta y aguanta”; para María del Rocío la “huelga de hambre” es “un llamado a la opinión publica” y a la solidaridad; pero también, una experiencia a expandir que se adhiere a sus aspiraciones por una sociedad más democrática: “vamos a ser capaces de transmitir todas estas vivencias a otras gentes, para que no se callen, para que no, no permitan que pasen sobre sus derechos”; “que si uno alza la voz, los demás la van alzar”.

Al igual que otros tantos trabajadores afiliados al SME “en resistencia”; María del Rocío se resiste y opone a poner el pie en la calle; ya que ello significaría renunciar a su trayectoria laboral, a su antigüedad y experiencia laboral, a sus derechos individuales y colectivos; pero también, a su sindicato y a su fuente de trabajo, la cual persiste, subraya: “yo ahora me pregunto, de que sirve que yo aprendiera todo el movimiento de mi escalafón si en la calle no me sirve, fui a todos los cursos habidos y por haber, leí todo lo que tenia que leer, practique todo lo que tenia que practicar, hasta manejarlo perfectamente, pero en la calle no sirve lo que hacíamos en LyFC”.

Para María del Rocío, el movimiento de resistencia pasa también por el libre ejercicio de la palabra; alzar la voz significa, por lo tanto, ejercer el derecho a disentir y a oponerse, pero también, la “esperanza” de ser escuchado en la SCJN: “tiene que saber que estamos aquí y lo sabe, que estamos aquí, pero tiene que escuchar que tiene que hacer justicia”.

http://edgarbelmont.blogspot.com/

Dr. en sociología.

Edgar Belmont Cortés

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Calderón, al banquillo de la justicia internacional

El gobierno federal mexicano ya enfrenta un conflicto diplomático por su nula actuación ante la emboscada paramilitar contra una caravana humanitaria internacional, ocurrida en Oaxaca a fines de abril. Pese al mutismo oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea exigen a Felipe Calderón rendir cuentas. En Europa se multiplican las manifestaciones de repudio por ese ataque impune.
Nunca en la historia de México había ocurrido un ataque a una caravana de paz, y nadie hubiese siquiera imaginado que un grupo de hombres armados balearía a quienes llevaban alimentos y medicamentos para un pueblo indígena depauperado. De manera que la emboscada ocurrida la tarde del 27 de abril en el paraje La Sabana, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, dejó atónitos a los representantes de los organismos internacionales de derechos humanos, pero más aún el mutismo del gobierno federal, que, pasada una semana ?hasta el cierre de esta edición?, no había hecho pronunciamiento alguno.
En contraste, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han exigido al Estado mexicano rendición de cuentas, pero además, desde sus respectivas oficinas realizan sus propias indagatorias del tema. En la ONU, por ejemplo, son tres relatorías las que integran ya sus procedimientos internos sobre el caso Copala: la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, revela a Contralínea un funcionario de la ONU, quien detalla que representantes de ese organismo realizarán una visita al territorio triqui.

Negligencia y agravios

Por negligencia o en una omisión deliberada, el gobierno de Felipe Calderón se negó a intervenir en la ubicación y rescate de los periodistas de Contralínea, desaparecidos tras la emboscada y rescatados el pasado 29 de abril, a las 22:40 horas. Más allá del agravio moral, ello constituye el incumplimiento a los convenios y acuerdos internacionales en materia derechos humanos que, como representante del Estado mexicano, Calderón debe salvaguardar.
En entrevista con este semanario, el abogado Carlos de la Torre Martínez, coordinador de la Unidad Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), explica: “La responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de San Juan Copala es clara, porque el Estado en su conjunto tiene el deber de proteger todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad personal. Pero además, hay que hacer hincapié en que el Estado no sólo es responsable de las violaciones a los derechos humanos que pueden cometer los funcionarios del Estado, las autoridades o servidores públicos, sino también de las que pueden cometer los particulares o grupos armados en contra de otras personas, como ocurrió en Copala.
“Este caso también implica el incumplimiento del Estado en sus deberes de protección y prevención, porque desde hace tiempo se dejó incrementar la escalada de violencia en esa zona, que las tensiones entre los grupos se hicieran más fuertes y que estos grupos se armaran. Así que lo que ocurrió en San Juan Copala es resultado de una política donde el Estado dejó de intervenir, de tener presencia en la zona y de no establecer medidas para desarticular la violencia.