Edgar Belmont[1]
Las declaraciones del Presidente de la República y del Secretario de Gobernación me confunden cada días más. Si bien es cierto que el asesinato del Candidato del PRI, en el estado de Tamaulipas, a manos, asegura el Presidente, del “crimen organizado” “atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones”.[2]
Conviene preguntarnos cómo podríamos calificar los abusos y los actos de autoridad que se efectúan -desde el Gobierno Federal, a través del Ejercito y de la Policía Federal Preventiva- fuera del marco institucional y jurídico que protegen los derechos de todos los mexicanos; es decir, la represión y los actos que violentan no sólo nuestros derechos individuales y colectivos; sino también nuestras aspiraciones por una sociedad más democrática y justa.
En este sentido, si bien los “delincuentes” o los “enemigos de la Nación” no “creer”, como sugiere el Presidente, en las Instituciones y en las reglas del juego democrático, habría que tener presente también a todos, mujeres y hombres, incluyendo niños, los que han sido agraviados por los abusos de Poder o por las complicidades que se generan “desde arriba”; es decir, a los “rebeldes” que han dejado de creer por completo en las instituciones o a los que resisten a estos abusos y que acuden a instancias internacionales y al Poder Judicial quizás como último recurso en la defensa de sus derechos.
Cómo fortalecer entonces la vida institucional y la vida democrática del país cuando están irresueltas las necesidades inmediatas de la población, cuando el debate sobre el Estado Fallido deja de ser un debate frente a la incapacidad del Estado de ofrecer seguridad y bienestar. Cómo fortalecer entonces la vigencia de nuestro marco institucional y jurídico cuando este se pone a prueba más bien por los abusos de poder. Creo que este es un dilema que no se resuelve por decreto ni con el manejo o la manipulación de la percepción de los mexicanos; es decir, con el llamado a “hablar bien de México”.
A esta controversia abona la reciente declaración del Secretario de Gobernación en la que descalifica el rol de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las recomendaciones de esta, por ejemplo, a la Secretaria de la Defensa Nacional, al documentar distintos agravios a la ciudadanía so pretexto de anteponer la “batalla” contra el crimen organizado. A través de esta declaración el Secretario de Gobernación parece estar convencido de que en una sociedad democrática “la evidencia” o la prueba “es una constricción necesaria para que la autoridad justifique y argumente sobre todo aquellos actos que tienden a afectar la libertad de los gobernados”.[3]
Entonces, porqué recurrir al prejuicio o a la descalificación de los actores sociales que resisten o se oponen, por ejemplo, a la política laboral y económico cuando sabemos que este obstruye el acceso a la justicia; porqué manipular cifras y datos con la intención de neutralizar el debate o peor aún, porqué esconder, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, la evidencia en la cual se sustenta el decreto de extinción de LyFC -acaso ello no obstruye también nuestras aspiraciones democráticas-; los electricistas tienen razón al reclamar un juicio justo.
Presidencia de la República: Mensaje a la Nación del Presidente Felipe Calderón.
“Hago también hoy un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a las y los legisladores, a las señoras y señores Gobernadores, para unirnos en la defensa de las instituciones en estos momentos delicados de la vida nacional.
Que más allá de las diferencias partidistas, que particularmente suelen evidenciarse en momentos electorales como éste, tengamos la madurez y la sensatez para comprender que problemas como el atentado que hoy se sufre, que problemas como éste, que afectan a la vida democrática del país, reclaman una respuesta unida y de todos, más allá de las diferencias partidistas presentes en una democracia como la mexicana.
Es tarea de todos también, y así lo asume el Gobierno Federal, el enfocarnos a generar un clima de colaboración en el que, sin demérito de los diferentes puntos de vista que prevalecen en una sociedad democrática como la nuestra, podamos entendernos en lo esencial, especialmente en circunstancias como las que hoy se viven, y ante problemas que afectan al interés nacional, como es, precisamente, la acción de la criminalidad en contra de las instituciones democráticas.
Me he comunicado también el día de hoy con Presidentes de varios de los partidos políticos, con Coordinadores Parlamentarios, con objeto de dialogar con ellos, con miras al trabajo conjunto que debe unirnos en propósitos superiores, como lo es el de defender nuestras instituciones democráticas y lograr la seguridad que anhelamos.
Lo he hecho hoy, y espero hacerlo pronto para que entre todos asumamos, no sólo la corresponsabilidad que nos corresponde, sino también acciones concretas en beneficio de la institucionalidad democrática del país.”
Fuente: Presidencia de la República, “Mensaje a la Nación del Presidente Calderón”, Sala de Prensa, [en línea] disponible en el vínculo: http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=85&Contenido=58085, fecha de consulta 28 junio 2010.
Discurso del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, que tuvo lugar en la sede del Archivo General de la Nación.
En una democracia la evidencia es un principio que garantiza la libertad y la integridad de todos; en una democracia, la evidencia es una constricción necesaria para que la autoridad justifique y argumente sobre todo aquellos actos que tienden a afectar la libertad de los gobernados.
Hoy por hoy debemos buscar construir procesos de conocimiento que, basados en la evidencia, justifiquen los actos y los efectos de esos actos por parte de la autoridad; que expliquen y que puedan justificar socialmente sus contenidos, para poder justificar legalmente sus efectos.
Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: Ni ser cómplices, ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de esa autoridad.
En una democracia, tienen valores equivalentes y fundamentales la capacidad que debe tener el Estado para proteger a sus gentes y la obligación de ese Estado para proteger los derechos fundamentales de sus gentes.
La gobernabilidad democrática se construye sobre la capacidad del Estado para generar seguridad y protección y sobre el respeto que el Estado debe tener sobre los derechos fundamentales sin distingos[ ] -¡sin distingos!- de los antecedentes que se tengan de tal o cual persona.
Fuente: Secretaría de Gobernación: “Discurso del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, que tuvo lugar en la sede del Archivo General de la Nación.” [en línea] Disponible en el vínculo: http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprensa&articulo=2122, fecha de consulta, 28 junio 2010.
Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez, en la I Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación de las Reformas al Sistema de Justicia Penal, realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“En nuestra evolución democrática hemos caminado largos y penosos senderos para construir las instituciones que hoy existen, y dibujado nuevos senderos para consolidarlas en el presente y en el futuro.
La transición democrática en su primera fase se construyó sobre la voluntad de competir bajo reglas escritas, pactadas, previstas y cumplidas por los actores en competencia; con el compromiso que bajo estas premisas se aceptarían sus resultados en paz, y así establecer los mecanismos de integración del poder público y de la competencia por el poder público que resultaran pacíficos, logrando la alternancia y la sucesión y transmisión del poder de manera institucional.
Ese es uno de los propósitos fundamentales de la democracia.
La otra, el de construir un régimen político institucional en el cual los derechos y libertades fundamentales fueran respetados, promovidos y garantizados. Ahí nuestra transición democrática estaba en déficit y hoy apura para ponerse al corriente.
La necesidad de consolidar instituciones públicas que tengan la fuerza suficiente para defender a todos de las agresiones a las que los violentos o poderosos quieran someter; la voluntad social de darle al poder herramientas necesarias para que pueda tener la fuerza suficiente para protegernos a todos de aquellos que pretenden vulnerar los valores fundamentales de la vida y la dignidad, es una lógica democrática.
Que el Estado cumpla hoy su función es una exigencia política y es una exigencia ética. Y esto es lo que estamos discutiendo en este Consejo, bajo el amparo de este Consejo, y resulta fortuito que lo hagamos bajo el amparo de la intérprete constitucional.
La transición política del país ha buscado consolidar un Estado constitucional, democrático, social y de derecho; un Estado como sociedad políticamente organizada, que decide establecer los rumbos y los caminos bajo los cuales construir, dar fuente y desahogar las lógicas del poder.
Democrático porque debe de partir de la participación ciudadana como fuente de legitimidad. Democrático también porque se construye sobre el respeto a los derechos fundamentales.
Ahí encuentra su origen y su fin, porque busca estar construido de mujeres y hombres libres, y porque está construido para garantizar la existencia y la calidad de vida de mujeres y hombres libres; social porque parte de la inequidad y de la necesidad de superarla, y de Derecho porque construye el principio de libertad personal, señalándole a las personas que pueden hacer todo aquello que no le esté prohibido pero impone a los servidores públicos, que son administradores del poder, que sólo pueden hacer aquello que el Congreso democráticamente electo les faculte.”
Fuente : Secretaría de Gobernación, “Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez, en la I Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación de las Reformas al Sistema de Justicia Penal, realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” [en línea] Disponible en el vínculo:
http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprensa&articulo=2125&pref=1&cat=0, Fecha de consulta 28 de junio 2010.
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[1] Sociólogo.
[2] Presidencia de la República, “Mensaje a la Nación del Presidente Calderón”, Sala de Prensa, [en línea] disponible en el vínculo: http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=85&Contenido=58085, fecha de consulta 28 junio 2010.
[3] Secretaría de Gobernación: “Discurso del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, que tuvo lugar en la sede del Archivo General de la Nación.” [en línea] Disponible en el vínculo: http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprensa&articulo=2122, fecha de consulta, 28 junio 2010.
