Estado, responsable de agresiones

El informe Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México es contundente: “México es un país peligroso para defender los derechos humanos”. El documento de AI señala que aun cuando el Estado está obligado a responder por los ataques a defensores sociales, en ocasiones son las propias autoridades, en sus tres niveles, quienes presentan cargos falsos en su contra o los procesan indebidamente y suelen ser lentas en dar respuesta a sus denuncias y en investigar, “lo que agrava aún más los abusos”.
Para el doctor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, el Estado es siempre responsable de estas agresiones, ya sea por acción u omisión. En el caso de Oaxaca, el doctor en teología considera que la responsabilidad recae en el gobierno local por la protección que brinda a grupos paramilitares en la región.

El informe de la OACNUDH señala que durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz se han cometido 26 agresiones contra defensores y organizaciones sociales en Oaxaca, con lo que ocupa el primer lugar de los estados donde se perpetran ataques en contra de este sector. En ninguno de los casos ha habido consignados, no obstante que, conforme a los tratados internacionales en derechos humanos, el Estado debe rendir cuentas de los ataques cometidos contra defensores.

Entre las agresiones que la OACNUDH enlista, sobresale el de las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, quienes desde la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio denunciaban los abusos cometidos por los caciques de la zona. Las locutoras fueron emboscadas y asesinadas cuando viajaban rumbo a Putla, Guerrero, en abril de 2008. A dos años de su muerte, las investigaciones no han arrojado datos que permitan identificar a un responsable.
Concha Malo apunta que el riesgo para los defensores de derechos humanos se incrementa en entidades donde son vistos como “enemigos del Estado mexicano”, que suele ser donde hay interés de aprovechar los recursos naturales, donde hay planes de supuesto desarrollo, sin que se informe o se haga partícipe de los proyectos a la comunidad, o cuando hay pueblos que quieren ejercer su legítimo derecho a la autonomía y no se doblegan a los cacicazgos tradicionales.

Defensores en la indefensión
Agnieska Racsynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), ve en el caso del ataque a la caravana humanitaria un mensaje de desdén hacia los defensores sociales.
“Nos están diciendo que no hay garantías al trabajo de solidaridad nacional e internacional y que no importa. [La muerte de los activistas] es muy grave, pero más allá de una vida, está amenazada toda una comunidad, toda una organización, entonces todos nos sentimos afectados y desprotegidos”.
En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que quienes agreden a defensores sociales buscan producir un “efecto ejemplificador” que detenga o reduzca las denuncias de violaciones o motive el abandono de las organizaciones de derechos humanos en determinadas zonas.
Frente a este panorama de vulnerabilidad, los defensores han asumido las agresiones como una realidad implícita en su trabajo y no como situaciones extraordinarias que deben ser prevenidas y, cuando sea el caso, investigadas y sancionadas, lo cual resulta “preocupante”, a decir de la OACNUDH.