9 Mayo 2010
En la violencia que aqueja a México es difícil saber quién está ganando la batalla: en este gobierno han ocurrido más de 18 mil ejecuciones, pero las bandas del crimen organizado parecen intactas, sus mandos estratégicos están renovándose y ha surgido una nueva alianza nacional entre distintas bandas del narcotráfico.
Supuestos voceros de la nueva federación criminal argumentan en los comunicados distribuidos en las zonas de batalla que los cárteles acordaron un nuevo reparto territorial de las rutas del tráfico de drogas, con anuencia del gobierno. Ese arreglo, supuestamente aprobado por el propio gobierno mexicano, tendería a pacificar las regiones azotadas por la violencia y desplazar a Los Zetas de la zona fronteriza para confinarlos en Monterrey, Nuevo León, donde ahora los helicópteros de la Armada de México los enfrentan desde el aire en operaciones conjuntas con el Ejército.
Con una postura que pretende usar el lenguaje de un gobierno paralelo, la nueva alianza del narcotráfico ofrece a los ciudadanos protección y seguridad pública a cambio de respetar los toques de queda y obedecer todas las ordenanzas que emiten las organizaciones criminales. Los ciudadanos son conminados a comunicarse directamente con las bandas en caso de que tengan dudas, deseen rendir información, conseguir un trabajo en la banda o garantizar su seguridad.
Los narcotraficantes pretenden que la población siga trabajando normalmente y que los ciudadanos se cubran detrás de paredes y automóviles en caso de que lleguen a verse atrapados en medio de los tiroteos entre grupos rivales.
En la mayoría de los casos ocurridos en la frontera entre Tamaulipas y Texas y entre Tamaulipas y Nuevo León, los enfrentamientos ocurren sin la presencia de fuerzas federales. Eso ocurre en parte, se tratan de explicar los propios ciudadanos afectados, porque los choques son incidentales y ocurren cuando dos grupos rivales se encuentran de manera inesperada. Sin embargo, en general, la fuerza pública está ausente. Las calles suelen ser vigiladas por patrullas clonadas, automóviles y camionetas particulares y ciclistas que recorren las calles con celular o aparatos de radiocomunicación en mano.
El gobierno del presidente Felipe Calderón ha dispuesto no solamente al Ejército, sino también a las fuerzas especiales de la Armada de México a luchar contra el narcotráfico y busca ahora la aprobación de las iniciativas de ley que permitirían respaldar jurídicamente la intervención militar en las políticas de seguridad pública. El presidente Calderón ha insistido una y otra vez en que la única opción viable es enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado.
Pero los ciudadanos ven que algo diferente está ocurriendo en las calles. Los enfrentamientos entre supuestas bandas rivales de narcotraficantes ocurren sin que ninguna autoridad se aparezca y trate de contener la violencia. Cuando el enfrentamiento ocurre entre las fuerzas policiales y militares contra grupos criminales, el intercambio de disparos ocurre en medio de la población que queda atrapada en el fuego cruzado. En varios casos reportados, los portavoces de los organismos militares o policiales no incluyen en sus cifras el número de transeúntes abatidos en el fuego cruzado. Las cifras reales podrían llegar a ser muy altas, pero el gobierno no parece dispuesto a informar cándidamente el monto de las llamadas.
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