GRUPO ILEGAL ARMADO.

Ubisort, grupo ilegal armado
Opinión

Ni el Ejército ni la Marina actuaron ante el ataque paramilitar que se perpetró en Juxtlahuaca contra la caravana internacional de paz, aun cuando en México se libra una “guerra” contra el crimen organizado, señala el defensor de derechos humanos Ramírez Baena. La omisión –indica– se dio a pesar de que la Ubisort empata en la definición de “grupo ilegal”: los atacantes fueron más de tres, vestían uniforme camuflado y capuchas, y portaban armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas. “La violencia en Oaxaca, para que Ulises Ruiz preserve al PRI en el poder”
Raúl Ramírez Baena*

Por un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policiaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaba víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, asediada y aislada por los paramilitares de la Ubisort por ser opositora al régimen de Ulises Ruiz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:

1. En 2001, en el marco de la caravana zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.

Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada Ley Cocopa, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron una reforma al artículo 2 constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas, basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.

2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la autonomía de facto de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.

3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.
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